Por Fabrizio Hernández
El aumento del 50% en taxis pirata; una amenaza latente para Mixco, Guatemala.
En los últimos años, Mixco ha sido testigo de un alarmante incremento en la cantidad de taxis piratas que circulan por sus calles. Según datos de la Municipalidad, tras la pandemia del COVID-19, se estima que la operación de estos vehículos ha crecido en un 50%, alcanzando casi 1,500 unidades en circulación. Esta situación ha generado una profunda preocupación tanto en las autoridades como en la ciudadanía, debido a los graves riesgos que implica.
¿Qué es un taxi pirata?
De acuerdo con el Ministerio de Gobernación, un taxi pirata se define como cualquier vehículo que presta servicios de transporte público de personas sin la debida autorización, permisos o registro ante las autoridades competentes. Estos vehículos no están sujetos a ninguna regulación, lo que los convierte en un riesgo para la seguridad de los pasajeros.
La Policía Nacional Civil (PNC), señaló que los taxis pirata carecen de licencia, placas o permisos, y al no estar sujetos a revisiones técnicas, representan un peligro inminente.
Crecimiento de la delincuencia
Según la PNC, las estadísticas muestran un preocupante aumento en los delitos cometidos a bordo de taxis piratas. La mayoría de las denuncias provienen de las zonas 6 y 7 de Mixco; El Milagro y Belén.
Según información de la Hora Gt, en los primeros meses de 2024, se presentaron 29 denuncias por robo de celulares, 36 por robo agravado y 28 por hurto a bordo de denominados taxis piratas, y una cifra indeterminada de violaciones debido a la falta de denuncia.
“Los principales riesgos incluyen la falta de controles sobre los conductores y vehículos, lo que eleva el riesgo de extorsiones, secuestros y robos. Además, al no estar asegurados ni regulados, en caso de accidente o incidente delictivo, los pasajeros carecen de protección o cobertura”, enfatizó el Ministerio de Gobernación.
Penalizaciones y sanciones
Según el artículo 158 bis del Código Penal guatemalteco, se considera explotación ilegal del transporte urbano y extraurbano, lo cual puede resultar en multas de hasta Q100,000 y penas de prisión de 2 a 5 años. En casos más graves, cuando se cometen actos delictivos en el vehículo, las sanciones son aún mayores.
Testimonios de víctimas
Gabriela Hernández, una joven de Mixco, fue víctima de un asalto en la zona 4. “Me subí a un taxi porque estaba apurada y era la única opción que había en ese momento. Poco después, el conductor desvió la ruta y me amenazó con un arma para que le entregara mi teléfono y dinero”, relató. Aunque Gabriela logró escapar, su historia refleja la vulnerabilidad de muchos guatemaltecos.
Claudia Rojas, pasajera habitual de transporte público, comunicó que utiliza taxis pirata ocasionalmente, principalmente los fines de semana, debido a la escasez de transporte público. Describe su experiencia como negativa, ya que los vehículos suelen estar sobrecargados, los precios son exagerados, y generan incertidumbre. Siente inseguridad al abordar estos taxis, ya que teme que el conductor pueda ser un asaltante. A pesar de saber que son ilegales, sigue recurriendo a ellos debido a la falta de opciones.
“El transporte público debería mejorar en varios aspectos, como contar con vehículos en mejores condiciones y aumentar el número de taxis registrados. Se debe reforzar la seguridad por parte de la policía y que se ofrezcan precios más accesibles para los usuarios, lo que podría reducir la necesidad de utilizar taxis piratas”, agregó Rojas.
Impacto en los taxistas legales
El incremento en la cantidad de taxis pirata no solo afecta a los usuarios, también a los taxistas registrados que cumplen con la ley. Gustavo Marroquín, taxista legal de Mixco, afirmó que la competencia directa afecta su trabajo. “Nos afecta mucho porque nos quitan clientes. Nosotros cumplimos con todos los requisitos legales, pagamos permisos, seguros y revisiones, pero ellos simplemente se saltan todo eso”, comentó.
Pasajeros informaron que durante la pandemia, los precios de las rutas de taxis aumentaron un 50%, y tras la pandemia, sólo se redujeron en un 20%. Esto significa que, aunque los precios bajaron después de la crisis sanitaria, no volvieron a los precios antiguos. En rutas cortas, los precios rondan entre Q.5.00 y Q.10.00 por persona, con resultados similares entre taxis legales y piratas.
Según el Reglamento de la entidad Mixqueña de Transporte (EMIXTRA), el número de taxistas registrados ha disminuido un 15% en los últimos cinco años debido a la proliferación de taxis piratas. Para los taxistas legales, la competencia no solo se traduce en pérdida de clientes, sino también en una creciente inseguridad en las calles, debido a la falta de control sobre los piratas.
Operativos y medidas de control
Las autoridades, en respuesta al crecimiento de este problema, han implementado operativos para combatir la presencia de taxis pirata. Según la Municipalidad de Mixco, se han llevado a cabo operativos conjuntos con la PNC, el Ministerio Público (MP) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT). “Operativos como SCION están diseñados para identificar y detener taxis piratas, verificando documentos y solvencias. “Además, estamos trabajando en campañas de concienciación para que los ciudadanos eviten utilizar estos servicios ilegales”, aseguró.
Rosa Castellanos, vocera de EMIXTRA, explicó que el rol principal de la empresa es regular y registrar los taxis para asegurar que cumplan con los requisitos necesarios para circular legalmente. Los requisitos son: tarjeta de circulación, licencia, y tarjetón de piloto, además de asistir a dos capacitaciones sobre los procedimientos y reglamentos. Estas capacitaciones, que duran un día, son obligatorias para obtener el carné de piloto y poder circular legalmente.
“El problema de los taxis pirata surge en parte por la alta demanda de transporte y la necesidad de trabajo de los conductores, lo que es aprovechado por delincuentes”, comentó Castellanos.
Para abordar esta situación, EMIXTRA realiza operativos sorpresa para verificar documentos, detectar irregularidades, donde se ha logrado la incautación de armas y la identificación de personas sospechosas en el proceso. “Es un trabajo en conjunto con el Alcalde de Mixco, ya que la Municipalidad de Mixco ha implementado un sistema de tecnología de reconocimiento de placas para detectar en tiempo real a los taxis que operan de manera ilegal”, concluyó Castellanos.
¿Puede la tecnología ser parte de la solución?
Para algunos taxistas legales, la tecnología puede ser una aliada crucial en esta lucha. Gustavo Marroquín sugiere que una posible solución sería la creación de una aplicación móvil oficial que permita a los usuarios verificar si el taxi está registrado y cumple con los requisitos legales. “Si hubiera una app oficial donde los pasajeros pudieran confirmar que el taxi es legal, creo que tendríamos una ventaja para competir de manera justa”, mencionó Marroquín.
La Municipalidad de Mixco, mencionó que aún no existe un plan fijo implementado. “Estamos explorando diversas opciones tecnológicas, como el uso de aplicaciones móviles que permitan a los usuarios verificar si un taxi está registrado legalmente, y sistemas de reconocimiento facial. Sin embargo, estas ideas aún están en fase de estudio y evaluación, y se necesitaría una colaboración más amplia entre distintas instituciones para su implementación efectiva", añadió.
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar medidas de precaución al utilizar taxis. Entre las principales sugerencias están:
-Usar taxis con placas visibles, que muestren claramente una identificación del conductor. -Evitar tomar taxis en zonas no designadas.
-Denunciar cualquier actividad sospechosa al 110 o al 1561 de la PNC.
Hasta la fecha, el Ministerio de Gobernación mencionó que las autoridades han detectado más de 600 vehículos operando sin autorización, muchos de los cuales han estado involucrados en delitos graves.
El aumento de los taxis pirata en Mixco es un desafío serio para la seguridad ciudadana y el transporte público legal. Si bien se han tomado medidas, como operativos y sanciones, el problema persiste debido a la falta de recursos y una regulación insuficiente. Los riesgos para los usuarios son claros, y es fundamental que tanto el gobierno como la ciudadanía trabajen juntos para reducir la operación de estos vehículos ilegales.
