En la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), se ha identificado un problema creciente relacionado con la venta ilegal del medicamento Cytotec, cuyo principio activo es el misoprostol. Originalmente diseñado para tratar úlceras gástricas, este medicamento ha ganado notoriedad debido a su uso como un agente abortivo. La preocupación surge cuando este fármaco, que debería ser utilizado bajo estricta supervisión médica, se comercializa ilegalmente entre los estudiantes de la universidad.
El misoprostol es un análogo sintético de las prostaglandinas, utilizado en el ámbito médico para inhibir la secreción de ácido clorhídrico, fortaleciendo la mucosa gástrica y protegiendo a los pacientes con úlceras. Además, en un entorno hospitalario, se utiliza para inducir la maduración cervical, facilitar el trabajo de parto en mujeres con ruptura prematura de membranas y tratar hemorragias graves postparto. Sin embargo, fuera de este contexto controlado, el misoprostol se ha convertido en una opción para aquellos que buscan interrumpir un embarazo, lo que ha generado preocupación tanto por los riesgos para la salud como por las implicaciones legales.
El comercio ilegal de Cytotec en la USAC ha sido facilitado por personas que, de alguna manera, tienen acceso al medicamento. Según fuentes dentro de la universidad, estudiantes que han quedado embarazadas sin planificarlo recurren a esta opción desesperada, exponiéndose a graves riesgos de salud debido a la falta de supervisión médica adecuada. Esta situación no solo pone en peligro la vida de las jóvenes, sino que también revela una problemática más amplia sobre la falta de acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual adecuada.
Durante una entrevista con Chelsi Macario, estudiante de primer ingreso en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la USAC, se discutió la venta ilegal del misoprostol. Macario expresó su preocupación por el uso indebido del medicamento, subrayando que este debería ser empleado exclusivamente para mejorar la salud y no para poner en peligro vidas humanas. Su testimonio refleja la inquietud general entre los estudiantes sobre el uso no regulado de este fármaco.
Intentamos obtener una declaración oficial del jefe de seguridad física de la USAC sobre las medidas que se están tomando para enfrentar este problema, pero no fue posible realizar la entrevista. Sin embargo, Miguel Ortiz, un empleado de seguridad que se encontraba en el edificio, compartió que cuando se identifica a una persona vendiendo drogas dentro del campus, es detenida y entregada a las autoridades competentes, como la Policía Nacional Civil. No obstante, reconoció que el proceso de identificación de los vendedores es complicado y a menudo depende de denuncias de estudiantes, lo que dificulta la realización de investigaciones más exhaustivas.
En una investigación adicional, se tuvo contacto con una persona que admitió vender Cytotec dentro de la universidad. Este individuo, quien mencionó que trabaja en la biblioteca central, indicó que el costo de cada pastilla es de 300 quetzales y que la cantidad necesaria varía según las semanas de gestación. Esta confesión pone en evidencia que el problema no solo radica en la venta del medicamento, sino también en la posible participación de personal interno de la universidad en estas actividades ilícitas.
Consultamos a Nereida Echeverría, una especialista en química farmacéutica, para comprender mejor las implicaciones del uso no regulado de misoprostol. Echeverría destacó que, aunque este medicamento puede ser eficaz para proteger la mucosa gástrica, en mujeres embarazadas puede causar complicaciones graves o inducir un aborto. Además, subrayó que la venta sin receta médica está prohibida en Guatemala y que las farmacias que infringen esta normativa se enfrentan a sanciones por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
La venta ilegal de misoprostol representa un riesgo significativo para la salud pública en Guatemala, ya que promueve el uso no indicado del medicamento, aumenta la tasa de abortos y provoca complicaciones durante el parto cuando no se utiliza bajo vigilancia médica. Para mitigar este problema, es crucial implementar campañas informativas que conciencien a la población sobre los riesgos del uso indebido de este fármaco y recordar la existencia de la alerta 432-2007, emitida por el Departamento de Regulación y Control de Medicamentos Farmacéuticos y Afines, que exige la venta del misoprostol únicamente bajo prescripción médica.
Las universidades, como la USAC, tienen un papel fundamental en la prevención del uso ilegal de medicamentos. Es necesario que las instituciones educativas colaboren con las autoridades sanitarias para garantizar que los estudiantes tengan acceso a información adecuada sobre salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos seguros. También es fundamental que se refuercen las políticas de control interno para prevenir la venta de medicamentos ilegales en el campus.
